El grupo Sendero Luminoso, cuyo nombre oficial es Partido Comunista del Perú (PCP), quiere entrar en la política y tiene previsto presentar candidatos para las próximas elecciones municipales y regionales de 2010 y las generales de 2011.
Ante el aislamiento de Abimael Guzmán, fundador del PCP (partido que nunca llegó a estar inscrito) y compañero sentimental suyo, Elena Iparraguirre es la dirigente senderista de mayor rango que se pronuncia en los últimos meses, en una de sus raras entrevistas.
"Aceptamos el marco legal republicano" del Perú, afirmó Iparraguirre y añadió que el Estado peruano actual "no es un Estado fascista" como el que combatió contra ellos entre 1980 y 1992, año en que fue capturada junto con Guzmán.
La reclusa dijo que los ex presos y simpatizantes de Sendero están actualmente tramitando la inscripción de un "Movimiento pro Amnistía y por los Derechos Fundamentales en el Perú", un grupo que limita sus posibles alianzas a quienes sean partidarios de una amnistía general por los delitos relacionados con el terrorismo.
Considera que "Perú necesita una izquierda organizada que sea una verdadera oposición", que no es lo que hoy representa el Partido Nacionalista Peruano de Ollanta Humala, "un hombre demasiado inmaduro, recién nacido en política", indicó.
Iparraguirre calificó de "interesante" el personaje de Alberto Pizango, líder indígena amazónico hoy asilado en Nicaragua, y fue aún más elogiosa con Marco Arana, el cura izquierdista defensor de causas ecológicas (y probable candidato presidencial), con quien le "gustaría converger".
La líder de Sendero subrayó que "prácticamente ninguno" de los excarcelados de su grupo ha mostrado arrepentimiento, una palabra que no está en su vocabulario, aunque reconoció haber cometido errores en su estrategia de lucha contra el Estado.
Si tuviera la ocasión de volver atrás, Iparraguirre aseguró: "No cometeríamos tantísimos excesos, pero la sangre vertida no tiritará sola y dará un ejemplo de cómo un pueblo no se dejó avasallar".
Iparraguirre dijo que se hace sin descanso una pregunta: "¿Cómo hacer una guerra revolucionaria sin tantos costos (humanos)?", y reconoce que su grupo cometió muchos "excesos militaristas", especialmente cuando la cabeza del grupo la asumió en 1992 el "camarada Feliciano", alias de Óscar Ramírez Durand, a quien "se le subió el poder a la cabeza".
También admite que hubo "errores en la selección de los blancos" de sus ataques, como el hecho de haber golpeado a alcaldes y comités de autodefensa (es decir, civiles) "en lugar de atacar a las fuerzas armadas", así como el hecho de que la dirigencia no pasara más tiempo en las zonas de combate "pues ahí habría habido más control, menos excesos".
Pero al mismo tiempo, la llamada "camarada Miriam" se jactó de que en doce años estremecieron al Perú, de que llegaron a tener tres cuartas partes del país en estado de emergencia y de que "nunca" suscribieron "un acuerdo de paz".
Sin embargo, "la caída del comunismo significó un cambio en la correlación de fuerzas favorable a la contrarrevolución", a lo que hubo que sumar el descabezamiento de la organización en 1992.
"Nuestro periodo histórico terminó", sentenció, antes de reiterar su renuncia a la violencia.
Por ello, criticó a quienes desconocieron el llamamiento de Abimael Guzmán a dejar las armas y siguen en activo en dos valles montañosos del centro-sur del país, donde el Gobierno los acusa de estar en connivencia con grupos narcotraficantes.
"Usurpan nuestro nombre aunque son un grupúsculo sin formación ideológica, con apetito de caudillos militares (...) Son personas que no conocen otro 'modus vivendi', nunca fueron comunistas, son más bien jóvenes sin formación política que van a la aventura de la guerra", sentenció.
Iparraguirre insiste en deslindarse de estos grupos y, por ello, no entiende por qué causó tanto revuelo la reciente presentación del libro "De puño y letra", escrito por su compañero Abimael y prologado por ella misma.
El Gobierno "tuvo una respuesta inquisitorial, medievalista y macarthista" -dice la dirigente terrorista- al pedir que se prohibiera la publicación. Al no lograrlo, la Fiscalía y el procurador del Ministerio de Justicia han promovido denuncias paralelas contra doce personas relacionadas con esa presentación por un presunto delito de apología del terrorismo.
"El Gobieno sabe que estamos a favor de la acción política (...) Nunca matamos a nadie, ni siquiera promovimos un motín en los 17 años que llevo presa", recordó.
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