InSurGente.- La Justicia uruguaya condenó hoy al ex dictador uruguayo Gregorio "Goyo" Alvarez a una sentencia de 25 años de prisión por "homicidio especialmente agravado" de 37 opositores y por un delito de "lesa humanidad". Alvarez había ingresado en prisión en diciembre de 2007 acusado de "reiterados delitos de desaparición forzada" y traslados clandestinos de detenidos desde Argentina a Uruguay cuando era jefe del Ejército, entre 1977 y 1978, en plena dictadura uruguaya (1973-1985).
El juez Luis Charles le comunicó al ex dictador la sentencia impuesta tras ser declarado culpable de esos delitos, por el que se le ha aplicado la máxima pena contemplada, 25 años, que había sido solicitada por la fiscal Mirtha Guianze.
Fuentes judiciales indicaron que Alvarez no se presentó ante el juzgado, tras alegar problemas de salud.
Alvarez fue comandante en jefe del Ejército uruguayo entre 1978 y 1979 y presidente "de facto" desde 1981 hasta el fin de la dictadura en 1985.
El dictador no se ha presentado al juzgado alegando problemas de salud
La Fiscalía entendió que Alvarez debía estar al tanto de los traslados clandestinos de militantes del Grupo de Acción Unificadora (GAU) y el Partido Comunista Revolucionario (PCR, maoísta) ocurridos entre Buenos Aires y Montevideo en esa época.
El abogado denunciante, Oscar López Goldaracena, señaló que esta condena supone una "dignificación de las víctimas" y subrayó la importancia de que se reconozcan los hechos como crímenes de lesa humanidad.
"Lo que es importante es que se le ha condenado por las desapariciones forzadas de uruguayos en Argentina, trasladados al Uruguay en el año 78, por 37 homicidios muy especialmente agravados", manifestó el abogado al canal 4 de televisión, según recoge el diario uruguayo El País .
Momento de revisión histórica
El próximo domingo, los uruguayos votarán a favor o en contra de la anulación de la llamada Ley de Caducidad, que, tras ser aprobada en 1986 y ratificada en 1989, garantizó la impunidad a los militares y policías responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos durante la dictadura uruguaya.
El lunes pasado la Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró la inconstitucionalidad en tres de sus artículos aplicados a un caso concreto de dicha ley.
La causa abierta contra Alvarez había sido declarada por el Gobierno uruguayo al margen del amparo de la Ley de Caducidad por la relación de los delitos de "desaparición forzosa" con el llamado 'Plan Cóndor'.
Este programa de represión aunó los esfuerzos de varias dictaduras latinoamericanas en los años setenta, entre ellas la uruguaya y la argentina, para acabar con opositores y disidentes, tanto en sus países como en los vecinos.
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