MANRIQUE C. SÁNCHEZ | ALICANTE
La Audiencia Provincial de Alicante juzgará dentro de un tiempo los supuestos abusos policiales más graves registrados hasta ahora en la Comunitat. La Fiscalía y la acusación popular solicitan penas de entre uno y ocho años de prisión para los nueve acusados por las torturas infligidas supuestamente por policías locales de Torrevieja a una pareja de ladrones.
Un tribunal dio hace unas semanas vía libre a la celebración de la vista oral al rechazar todos y cada uno de los recursos presentados por los abogados de la defensa. Y este diario ha tenido acceso ahora a los escritos de acusación del Ministerio Público y la Asociación Pro Derechos Humanos de España, que reclaman la responsabilidad civil del Ayuntamiento en las posibles indemnizaciones.
El asunto estalló el 22 de agosto del año 2006 y concitó la atención de los medios de comunicación de todo el país. La Guardia Civil apresó es día a la cúpula de la Policía Local de Torrevieja.
Dos meses antes, el 23 de junio, el inmigrante guatemalteco Luis Carlos C. R. y su compañera sentimental, Vilma Liliana S. M., eran arrestados por los agentes Gorgonio Jesús T. O., José Antonio P. C., Vicente H. Ch. y Miguel Ángel P. R., y el inspector Carlos María I. F., cuando intentaban robar en casa de este último.
«Hija de puta, alguien tiene que pagar por esto». Con esas palabras, según el fiscal, el inspector la emprendió a patadas con la detenida. Lo mismo hicieron presuntamente con el sospechoso los agentes Gorgonio y José Antonio.
Las agresiones, siempre según la versión de las acusaciones, prosiguieron en dependencias policiales. Carlos María I. F. se encaró de nuevo con la mujer para volver a abofetearla: «Tienes que pagar tú, hija de puta, o quien sea. Te has metido conmigo y yo soy quien manda aquí. Sácamelo y chúpamelo, hija de perra».
El detenido, mientras tanto, era presuntamente pateado en otra oficina. La Fiscalía relata que el inspector, fuera de sí, llegó a encañonar con su pistola al ladrón y a amenazarle con violar a Vilma.
Después comienza la supuesta ocultación de los malos tratos a los sospechosos, en la que juega un papel principal otro inspector, Manuel Antonio L. V.
Este mantiene diversas conversaciones telefónicas con otro agente, Julio M. B., el entonces concejal de Seguridad, Pedro Valero, y el intendente jefe del cuerpo, Alejandro Morer Bielsa, para modificar el atestado a fin de justificar las lesiones que presentaba Luis Carlos con una falsa resistencia a su detención.
Todos ellos, también el edil aunque en otra área, siguen desempeñando sus funciones en el Consistorio, pese a que en unos meses se sentarán en el banquillo de los acusados. Y todo por una casualidad, ya que las conversaciones telefónicas que los incriminan fueron grabadas por la Guardia Civil cuando investigaba al inspector Manuel Antonio L. V. por el destino de un alijo de droga.
El fiscal pide un año de cárcel para el edil, Alejandro Morer y su hermano Julio, y ocho años, la máxima del grupo, para Carlos María I. F. La acusación popular, sin embargo, cree que el trío antes citado, incluido Valero, y Manuel Antonio L. V., también cometieron torturas por omisión y pide para ellos de cuatro a siete años y medio de prisión.
Diario Las Provincias
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