[Estreno en Segovia]. Documental ``CIUTAT MORTA´´. De Xavier Artigas y Xapo Ortega. Organizan Pipas de coco & Foro Social Segovia.

https://ciutatmorta.wordpress.com/

[Barcelona] Comunicado de Juan Pintos, detenido/encarcelado/condenado por el montaje del 4F.

Enero 26 2015

Ante todo el revuelo mediático producido por el pase de “Ciutat Morta” en la televisión pública catalana, y como encausado/encarcelado/condenado por el montaje policial del 4F, creo necesario dar a conocer mi opinión respecto a la reapertura del caso, la búsqueda de responsables y/o culpables y la relación con los medios de comunicación.

Mi interés en dejar clara mi postura se debe sobre todo a lo sucedido estos últimos días, con declaraciones en los medios de comunicación (masivos o alternativos) sobre la existencia de un “verdadero culpable” o sobre la búsqueda de responsables políticos/judiciales/policiales concretos, con nombre y apellido. Declaraciones que no comparto en absoluto y que muchas veces, por falta de rigor o por manipulación, se dieron a conocer como la postura de “lxs condenadxs por el 4F”.

Creo que el 4F, lamentablemente, no es la excepción en la normalidad policial/judicial, sino una muestra del funcionamiento habitual de las instituciones. Los montajes se repiten, con distintxs protagonistas, todo el tiempo, ya sea para criminalizar un movimiento, para justificar nuevas leyes de “seguridad” o simplemente para mantener rentable el entramado empresarial/carcelario. Y en esta realidad, buscar a lxs supuestxs responsables del 4F es pedirle al sistema, que es por definición injusto y violento, que se señale a sí mismo, algo que sinceramente no creo que suceda. O peor, es darle a las instituciones la oportunidad de “depurar” responsabilidades, de apartar “manzanas podridas” que alteran el funcionamiento correcto e imparcial de la policía, la justicia y la política. Hacer algo así es erigir, una vez más, al estado como garante y guardián de “lo justo” y “lo verdadero”, cuando en realidad es el estado mismo que funciona y se mantiene gracias a las torturas, los encarcelamientos y la violencia de sus cuerpos armados.

¿Qué se puede lograr destituyendo a un cargo político? ¿Qué se puede lograr con dos policías encarcelados? ¿Qué se puede lograr apartando a una jueza de su cargo? Sinceramente creo que nada más que una escasa satisfacción personal que me es ajena.

Alguien ocupará ese cargo y continuará asegurando el idéntico funcionamiento de la institución, otros policías patrullarán las calles, otros jueces dictarán penas de cárcel.

No quiero, ni necesito, que el mismo sistema que nos detuvo, torturó, juzgó y condenó se legitime ahora como garante de la verdad y la justicia. Creo que personalizar la responsabilidad del montaje que nos encarceló es una manera de negar la realidad del sistema en el que vivimos, donde las detenciones arbitrarias, las palizas y los juicios condenatorios son la norma y no la excepción.

No quiero, ni necesito, ver a más personas en la cárcel.

No quiero cambiar la oportunidad de un cuestionamiento radical, quizás menos comercial pero infinitamente más útil, por más minutos en el aire de sus mass media, por más líneas en sus periódicos, por más promesas de “investigación”.

Creo que es momento de trazar una línea que conecte todos los montajes que realiza el estado y darse cuenta, quien todavía no lo haya hecho, que la realidad es que el estado (ya sea español, catalán o el que ustedes elijan) es responsable en su totalidad de los encarcelamientos, torturas y humillaciones que sufren todos los días un número impresionante de personas.

La Operación Pandora, Alfon, Mónica y Francisco, el 4F, el 9F, Núria, el caso de Torà, migrantes en los CIEs y así podría seguirse indefinidamente, no son casos aislados; éste es el comportamiento de un sistema criminal, y pedirle explicaciones a ese mismo sistema es entrar en un juego que está perdido de antemano.

Las respuestas están en la calle, en la organización entre afines, en el rechazo práctico y diario a sus estructuras de poder y maltrato, y no en platós de televisión, palacios judiciales ni voceros del estado.

Mientras el 4F o cualquier otro caso sea vivido y mostrado como una anécdota, como victimización de tal o cual persona, es imposible cuestionar la totalidad del problema, y así sólo llegarán “soluciones” parciales, falsas desde su origen y que continuarán fortaleciendo al estado en su rol de mediador, protector y guardián de la ciudadanía. Creo que la única forma de que estas situaciones no se repitan es dejar de lado los egos, la victimización y la necesidad de una venganza personalizada con nombre y apellido.

Entiendo, y no soy quien para cuestionarlo, que exista una diversidad de posturas respecto a la situación del 4F, pero creo que es necesario dejar bien claro que no me representa en lo mas mínimo el camino que se ha recorrido este último tiempo, como mínimo desde la emisión de “Ciutat Morta” en tv3.

Creo que tener el conocimiento de la podredumbre total y absoluta de las instituciones debe ser una herramienta para que los cuestionamientos se vuelvan globales, es decir que tener la certeza de que las instituciones funcionan así debe ser el principio de los planteamientos radicales que buscan un cambio completo en la forma de relacionarse, y no una excusa para justificar la inacción o la pasividad.

Mi postura, cruda y crítica hacia el sistema en general, no es un llamado a la resignación sino a una radicalización de las prácticas diarias que existen por fuera de sus estructuras, a un crecimiento de los espacios fuera del control estatal, y creo que en ese camino es necesario aprovechar cada grieta en el funcionamiento del sistema para profundizarlas, hasta que la situación se les haga insostenible.

Dicho esto, sólo me queda pedir vuestra solidaridad activa con todxs lxs que están sufriendo, ahora mismo, aislamiento, maltrato y cárcel por sostener y defender sus ideas.

Libertad para todxs o libertad para nadie.
Salud.

Juan Pintos, detenido/encarcelado/condenado por el montaje del 4F

https://es.squat.net/2015/01/26/comunicado-de-juan-pintos-detenidoencarceladocondenado-por-el-montaje-del-4f/

[Documental]. CIUTAT MORTA. Dirigida por Xapo Ortega y Xavier Artigas. (Subtitulo Castellano). Cortesía de Oskar Orrit en Youtube.

En junio de 2013, un grupo de 800 personas ocupan un cine abandonado del centro Barcelona para proyectar un documental. Rebautizan el antiguo edifcio en honor a una chica que se suicidó dos años antes: Cinema Patricia Heras. ¿Quién era Patricia? ¿Por qué se quitó la vida y qué tiene que ver Barcelona con su muerte? Esto es exactamente lo que se quiere dar a conocer con esta acción ilegal y de gran impacto mediático: que todo el mundo sepa la verdad sobre uno de los peores casos de corrupción policial en Barcelona, la ciudad muerta.

La noche del 4 de febrero de 2006 terminó con una carga policial en el centro de Barcelona. Fue en los alrededores de un antiguo teatro okupado en el que se estaba celebrando una festa. Entre los golpes de porra, empezaron a caer objetos desde la azotea de la casa okupada. Según relató por radio el Alcalde de Barcelona pocas horas después, uno de los policías, que iba sin casco, quedó en coma por el impacto de una maceta.Las detenciones que vinieron inmediatamente después del trágico incidente nos relatan la crónica de una venganza.Tres jóvenes detenidos, de origen sudamericano, son gravemente torturados y privados de libertad durante 2 años, a la espera de un juicio en el que poco importaba quién había hecho qué.

Poco importaba que el objeto que hirió al policía hubiera sido tirado desde una azotea mientras que los detenidos estaban a pie de calle. Otros dos detenidos aquella noche —Patricia y Alfredo— ni siquiera estaban presentes en el lugar de los hechos: fueron detenidos en un hospital cercano y hallados sospechosos por su forma de vestir. Poco importaba si había pruebas o evidencias que exculpaban a todos los acusados. En aquel juicio no se estaban juzgando a individuos sino a todo un colectivo.Se trataba de un enemigo genérico construido por la prensa y los políticos de la Barcelona modélica. Barcelona, la ciudad que acababa de estrenar su llamada “ordenanza de civismo”, una ley higienista, marco legal perfecto para los planes de gentrifcación de algunos barrios céntricos, destinados al turismo. Los chicos detenidos aquella noche eran cabezas de turco que encajaban perfectamente, por su estética, con la imagen del disidente antisistema: el enemigo interno que la ciudad modélica había ido generando aquellos últimos tiempos.

Años después, dos policías son condenados a inhabilitación y penas de prisión de más de 2 años por haber torturado a un chico negro. La sentencia demuestra que los agentes mienten y manipulan pruebas durante el juicio. Para encubrir las torturas, acusan al joven de ser trafcante de drogas, pero el juez descubre un montaje: el negro es en realidad, hijo de un diplomático: el embajador de Trinidad y Tobago en Noruega.Estos agentes resultan ser los mismos que habían torturado a los jóvenes detenidos aquella noche del 4 de febrero de 2006 y algunos de los testigos que declararon en su contra durante el juicio. El mismo modus operandi en ambos casos. La única diferencia: el origen social de las víctimas.La enésima historia de impunidad policial, acompañada por buenas dosis de racismo, clasismo y la vulneración de derechos fundamentales, todo ello amparado por un sistema judicial heredero del régimen franquista y unos políticos obsesionados con el negocio inmobiliario que brinda la Marca Barcelona a costa de sus ciudadanos.

Dirigida por: Xapo Ortega, Xavier Artigas 

"Eso no sale en el film por una cuestión de tiempo, pero antes de llegar al Hospital del Mar habían intentado ir a tres hospitales más. Nuestra sospecha es que la policía buscaba un médico afín que dejara pasar los policías a la hora de hacer el informe, lo que es ilegal. Hay una vulneración muy bestia de tratados internacionales que prohíben esta práctica. Es una violación de los derechos humanos más básicos".

Xavier Artigas

[Entrevista]. Las torturas en las cárceles españolas presos FIES.

Nuria Güell, autora del trabajo "Aplicación Legal Desplazada 3 FIES" y Amadeu Casellas , militante anarquista y ex preso en régimen FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento") son entrevistados.

 www.nuriaguell.net/

Raw Video: Huelga de mineros españoles se vuelve violento.....

Mineros españoles cortaron una carretera, utilizar los lanzadores de cohetes de fabricación casera en la provincia norteña de Asturias el martes como parte de una huelga a nivel nacional por los sindicatos se oponen a los recortes del gobierno. (12 de junio) Suscríbete a la Associated Press:http://bit.ly/APYouTube Descargar AP Mobile: http://www.ap.org/mobile/Associated Press en Facebook: http://apne.ws/c7lQTV Associated Pulse en Twitter: http://apne.ws/bTquhb Associated Press en Google +:http://bit.ly/zuTKBL


http://www.youtube.com/watch?v=qzGUL5dmTfE&feature=player_embedded

Se busca a dos guardias civiles: Carlos Sánchez Villaverde y Rafael Picaso Marco.

Mataron a un detenido pateándolo en la cabeza, no le trasladaron al hospital, falsificaron las diligencias y fueron absueltos porque no se determinó de quien de los dos era la patada que lo reventó. ¿Donde están y qué hacen ahora? Los agentes de la Guardia Civil Carlos Sánchez Villaverde y Rafael Picaso Marco han sido absueltos por un tribunal de la Audiencia de Barcelona del homicidio de Jorge Xurigué, un joven al que detuvieron en la localidad barcelonesa de Castellar del Vallès. La sentencia considera probado que Xurigué recibió golpes y patadas de los agentes cuando le conducían al cuartel de la Guardia Civil después de ser detenido. Como autor material, el fiscal dirigió la acusación contra el agente Sánchez, para el que pidió 27 años de cárcel, y consideró a Picaso encubridor.

Aunque los jueces dan por sentado que el fallecido recibió varias patadas, una de ellas en la cabeza, el tribunal argumenta que no hay prueba de que los agentes tuvieran la intención de matar al detenido, por lo que admite que podrían haber sido considerados culpables de un delito de lesiones. Pero tampoco lo consideran alegando que no tienen claro cuál de los dos agentes golpeó al fallecido. "En consecuencia", concluyen, "no se puede condenar a Sánchez ni a título de falta. Tampoco puede hacerse respecto del otro procesado pues no media la oportuna acusación". En resumen, libre absolución para los dos.

La Audiencia Provincial de Barcelona absolvió, en noviembre de 1996, a los agentes de la Guardia Civil RAFAEL PICASSO MARCO y CARLOS SÁNCHEZ VILLAVERDE que habían sido acusados por el Fiscal como responsables de un delito de tortura con resultado de muerte en la persona de JORGE XIRUGUÉ el 19 de agosto de 1994. Igualmente les absolvió del delito de falsedad en documento publico del que igualmente era acusados tras haber alterado el atestado en que daban cuenta de la detención de esta persona.

El Fiscal solicitó penas de 21 años de prisión para Carlos Sánchez, y de 9 años de cárcel para Rafael Picasso, por los delitos de homicidio y falsedad en documento oficial, el Tribunal absolvió a los agentes, aún reconociendo que habían golpeado a Jorge Xurigue. La sentencia ha sido apelada tanto por el Fiscal como por la acusación particular.

La muerte de Jorge Xirugué se produjo después de que fuese detenido en compañía de otra persona, por los agentes acusados, como autor de un robo en una gasolinera. Cuando eran conducidos esposados al cuartel, Jorge Xirugué fue golpeado por uno de los agentes en la cabeza, a consecuencia de lo cual murió poco después. Según la versión de la Guardia Civil, cuando eran conducidos detenidos, Jorge Xirugué intentó huir corriendo, pero cayó poco después golpeándose en la cabeza y produciéndose las lesiones que le causaron la muerte.

Sin embargo, el informe de la autopsia practicada, asegura que el golpe recibido por Xirugué fue propinado con un objeto contundente como era la bota de los agentes y no fue consecuencia de una caída. En el mes de abril de 1995, el Juzgado de Instrucción nº 8 de Sabadell (Barcelona) decretaba el ingreso en prisión de los dos agentes de la Guardia Civil del cuartel de Castellar del Valles (Barcelona) por su implicación en la muerte de un detenido Xurigué. Un mes después, los agentes quedaron posteriormente en libertad al prestar la fianza señalada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial barcelonesa.

El tribunal de la Audiencia de Barcelona que a dos guardias civiles había sido recusado por el fiscal durante la instrucción del caso. El motivo de la recusación fue la argumentación de los magistrados al ordenar la libertad de los dos guardias civiles. El fiscal entendió que los jueces ya tenían hecha una valoración y predeterminaban que la sentencia sería absolutoria. La postura del fiscal no prosperó y la misma sala dictó la absolución.

Fuente: http://soliobrera.cnt.es/secciones/presxs-gantirepresiva/876-se-busca-a-dos-guardias-civiles-carlos-sanchez-villaverde-y-rafael-picaso-marco.html

      Extraído de: http://www.portaloaca.com/articulos/contra-info/5041-se-busca-a-dos-guardias-civiles-carlos-sanchez-villaverde-y-rafael-picaso-marco.html#.T4CNm0feqMs.facebook

''Relativizar la tortura''. Por Carlo Frabetti, para Kaos en la Red .

La tortura, la más repugnante forma de represión y de abuso de poder, es obviamente incompatible con el Estado de derecho, y por eso su práctica sistemática nunca es reconocida. Pero negar la evidencia de la tortura es cada vez más difícil. Cada vez requiere mayor cinismo  por parte del poder y mayor necedad por parte de quienes se creen sus mentiras y omisiones, pues el conocimiento de los hechos objetivos -los obstinados hechos- está, cada vez más, al alcance de cualquiera que tenga acceso a un ordenador. Hoy día, negar la tortura es como negar el Holocausto: requiere el mismo grado de obcecación o perversidad.

 Hace tan solo una década, para comprobar que en el Estado español la tortura es una práctica sistemática e impune (lo que equivale a decir que es una estrategia política), había que emprender una difícil labor de investigación. Pero en la actualidad las evidencias son tan abrumadoras como fácilmente accesibles, y negarse a verlas o a sacar las conclusiones pertinentes equivale a ser cómplice de la mayor de las infamias. Basta con entrar en la página web de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (www.prevenciontortura.org), que incluye a más de cuarenta organizaciones de todo el Estado español, para, a partir de ahí, realizar una búsqueda tan sencilla como esclarecedora. Basta con preguntarse por qué la Guardia Civil y el Ministerio del Interior no salen al paso de acusaciones tan graves y notorias como las formuladas por Anika Gil en La pelota vasca (un documental exhibido en las salas comerciales y visto por cientos de miles de espectadores) para comprender que solo hay una respuesta posible. Basta con leer los informes de organizaciones tan poco sospechosas de radicalismo como Amnistía Internacional o la propia ONU para darse cuenta de que algo huele a podrido en nuestra supuesta democracia.

Por eso en un futuro inmediato asistiremos, con respecto a la tortura, a un cambio de estrategia. Cuando ya no sea posible negarla -y ya no lo es-, se intentará minimizarla. No es casual que en los últimos tiempos empiecen a verse en la televisión ignominiosas escenas de malos tratos grabadas por las cámaras instaladas en comisarías y cuartelillos, y tampoco es casual que algunos casos de corrupción y abusos policiales sean aireados insistentemente por los medios de comunicación. Cuando los síntomas ya no pueden ocultarse, se intenta falsear el diagnóstico. Ahora pretenderán hacernos creer que los casos de brutalidad policial son aisladas excepciones que confirman la regla democrática, y que la ley los persigue con el mayor rigor.

Ahora que la negación ya no es posible, los cuatro poderes (el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el mediático) intentarán relativizar la tortura y los malos tratos centrando la atención en algunos casos cuidadosamente elegidos, con la esperanza de que los árboles nos impidan ver el bosque. Pero no lo conseguirán: se puede engañar una vez a todos y todas las veces a uno; pero no se puede engañar a todos todas las veces. Hay demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas acusaciones no desmentidas, demasiadas imágenes tan imborrables como la del rostro desfigurado de Unai Romano, demasiados testimonios tan estremecedores como el de Amaia Urizar, violada por un guardia civil con una pistola. Y hoy, gracias a Internet, articular en un cuadro coherente y significativo los datos que el poder intenta dispersar está al alcance de cualquiera. Cualquier texto de denuncia puede convertirse en un hipertexto, y este mismo artículo se ramifica en los que cito al final, que a su vez remiten a otras fuentes a las que se puede acceder sin más que pulsar una tecla. Para no enterarse de lo que sucede, ya no basta con mirar hacia otro lado: hay que taparse los ojos y las orejas, como los monos de Confucio. Y hay que taparse la boca con ambas manos para no gritar pidiendo la cabeza de los culpables.

Hasta aquí el artículo que, con el título La negación de la tortura, publiqué en junio de 2008 y que, lamentablemente, podría haber escrito hoy mismo. Porque la reciente condena de los torturadores de Portu y Sarasola, además de poner en evidencia al ministro del Interior (que debería ser encausado como encubridor por las mentiras que dijo en su día), es un claro ejemplo de lo expuesto en los párrafos anteriores. Cuando es materialmente imposible encubrir a un torturador, se lo convierte en chivo expiatorio para intentar lavarle la cara al supuesto Estado de derecho. Y tan importante como ha sido hasta ahora -y sigue siendo- denunciar cada caso de tortura, será en esta nueva etapa, en esta transición forzosa de la negación a la relativización, desmontar cada operación de maquillaje. Las penas impuestas a los guardias civiles Jesús Casas García, José Manuel Escamilla, Sergio García y Sergio Martínez, además de ser ridículas, no serán cumplidas. ¿Cómo lo sé? Porque en veinte años en la Asociación Contra la Tortura no he visto cumplir su condena a uno solo de los pocos torturadores que llegan a ser condenados. ¿Dónde está Galindo, la bestia tricorne que secuestró, torturó, asesinó y enterró en cal viva a Lasa y Zabala? El más abyecto criminal de las últimas décadas está en su casa “por motivos de salud” (de salud democrática, obviamente), escribiendo sus memorias.

Sigamos de cerca la evolución del caso Portu-Sarasola, sin olvidarnos del caso Lasa-Zabala y de tantos otros. No demos tregua a los torturadores de hoy ni a los de ayer, ni a quienes desde los cuatro poderes los apoyan y encubren, el repulsivo entorno del verdadero terrorismo. No permitamos que relativicen la tortura. Porque el paso siguiente será justificarla. 

Carlo Frabetti en Kaos en la Red

Extraído de Kaos en la Red:
http://www.kaosenlared.net/noticia/149656/relativizar-la-tortura

"Las presas denunciantes han sido unas valientes"

Lunes 16 de noviembre de 2009. Nodo50

JUICIO A EX JEFE DE SEGURIDAD DE LANGRAITZ POR ACOSO

El ex subdirector de seguridad de la cárcel de Langraitz será juzgado por hacer proposiciones sexuales a cuatro presas y abusar de una de ellas hace cuatro años.

"Se trata de un caso de violencia de género, concretamente de violencia sexual, con unas circunstancias muy particulares: ellas [las denunciantes] son presas y el denunciado, Mariano Merino, es el ex subdirector de seguridad en la cárcel de Langraitz [Nanclares de la Oca, Vitoria]", explica Marta Aldanondo, de la asociación de apoyo a presos y presas Salhaketa Araba y abogada de dos de las denunciantes. Cuatro mujeres acusan a Merino de cometer cuatro delitos de acoso sexual y uno de abuso sexual a lo largo del año 2004.

El Ministerio Fiscal, que en un principio apoyó las denuncias y presenció las declaraciones de tres presas, cambió de postura y pidió el sobreseimiento del caso. En un informe, la fiscalía llegó a afirmar que la versión de las denunciantes no estaba probada, pese a que funcionarias y psicólogos de la cárcel la habían corroborado. La posición de la Fiscalía motivó que el juzgado de instrucción nº2 de Vitoria, que instruía el caso, lo archivara en noviembre de 2007. Las acusaciones recurrieron y, en mayo de 2008, la Audiencia Provincial de Vitoria estimó que existían pruebas suficientes como para que se celebrara un juicio. Finalmente, está previsto que la vista oral empiece el 18 de noviembre. Salhaketa asegura que las presas denunciantes han sido objeto de “represalias y presiones innumerables”. Aldanondo considera que “han sido unas valientes. No es fácil denunciar porque te pueden hacer la vida imposible. Los hechos datan de 2004 y ellas seguían dentro de la cárcel cuando denunciaron. A una la sacaron de los talleres”. De hecho, aunque las denunciantes son cuatro, se estima que son 13 las mujeres afectadas. Incluso varias presas denunciaron que una interna se fugó porque no pudo aguantar más el acoso.

"Era vox populi"

En cuanto a los responsables de la prisión, "Instituciones Penitenciarias no ha tomado ninguna medida en especial", afirma la abogada. Merino dimitió en julio de 2005, cuando el asunto salió a la luz pública. "Pensamos que le obligaron, porque lo hizo cuando Mercedes Gallizo [directora de Instituciones Penitenciarias] visitó la cárcel. Pero sigue ejerciendo en otro lugar. Por su parte el entonces director de Langraitz, Jesús Moreno, fue trasladado a Madrid". Ya en 2004, explica Aldanondo, "era vox populi que Mariano Merino hacía proposiciones sexuales a las reclusas a cambio de permisos y progresiones de grado, aunque él alegue que no formaba parte de la junta de tratamiento que las concede. Las propias funcionarias declararon que iba al módulo de mujeres cuando no le tocaba turno, porque vivía en una vivienda adosada a la cárcel". Los rumores eran tales que, en septiembre de ese año, el director de Langraitz recomendó a Merino que se abstuviese de entrar en el módulo de mujeres, pese a lo cual las funcionarias contabilizaron hasta 33 visitas a esa zona desde esa fecha hasta abril de 2006 [ver DIAGONAL nº 29]. En la fase inicial del proceso, mujeres y hombres presos en Langraitz acusaron a Mariano Merino de los delitos de coacciones económicas, extorsión sexual, torturas, amenazas e inducción al suicidio. 79 organizaciones, incluidos varios grupos feministas, apoyaron la denuncia, enmarcada en una campaña de Salhaketa contra los abusos hacia las presas y por la incorporación de la perspectiva de género en las políticas penitenciarias. Salhaketa invitó, sin éxito, a Emakunde (Instituto de la Mujer del Gobierno Vasco) a personarse como acusación. Ahora, las tres acusaciones particulares personadas piden para el ex jefe de seguridad una condena de diez años de cárcel, 36 de inhabilitación total, 21 meses de multa y una indemnización para cada denunciante de 3.000 euros por daños morales.

Fuente: Diagonal

La Fiscalía pide penas de hasta ocho años de cárcel por las torturas policiales en Torrevieja

Cinco agentes, tres mandos y un concejal se sentarán en el banquillo de los acusados - Lunes.2 de noviembre de 2009.
MANRIQUE C. SÁNCHEZ | ALICANTE

La Audiencia Provincial de Alicante juzgará dentro de un tiempo los supuestos abusos policiales más graves registrados hasta ahora en la Comunitat. La Fiscalía y la acusación popular solicitan penas de entre uno y ocho años de prisión para los nueve acusados por las torturas infligidas supuestamente por policías locales de Torrevieja a una pareja de ladrones.

Un tribunal dio hace unas semanas vía libre a la celebración de la vista oral al rechazar todos y cada uno de los recursos presentados por los abogados de la defensa. Y este diario ha tenido acceso ahora a los escritos de acusación del Ministerio Público y la Asociación Pro Derechos Humanos de España, que reclaman la responsabilidad civil del Ayuntamiento en las posibles indemnizaciones.

El asunto estalló el 22 de agosto del año 2006 y concitó la atención de los medios de comunicación de todo el país. La Guardia Civil apresó es día a la cúpula de la Policía Local de Torrevieja.

Dos meses antes, el 23 de junio, el inmigrante guatemalteco Luis Carlos C. R. y su compañera sentimental, Vilma Liliana S. M., eran arrestados por los agentes Gorgonio Jesús T. O., José Antonio P. C., Vicente H. Ch. y Miguel Ángel P. R., y el inspector Carlos María I. F., cuando intentaban robar en casa de este último.

«Hija de puta, alguien tiene que pagar por esto». Con esas palabras, según el fiscal, el inspector la emprendió a patadas con la detenida. Lo mismo hicieron presuntamente con el sospechoso los agentes Gorgonio y José Antonio.

Las agresiones, siempre según la versión de las acusaciones, prosiguieron en dependencias policiales. Carlos María I. F. se encaró de nuevo con la mujer para volver a abofetearla: «Tienes que pagar tú, hija de puta, o quien sea. Te has metido conmigo y yo soy quien manda aquí. Sácamelo y chúpamelo, hija de perra».

El detenido, mientras tanto, era presuntamente pateado en otra oficina. La Fiscalía relata que el inspector, fuera de sí, llegó a encañonar con su pistola al ladrón y a amenazarle con violar a Vilma.

Después comienza la supuesta ocultación de los malos tratos a los sospechosos, en la que juega un papel principal otro inspector, Manuel Antonio L. V.

Este mantiene diversas conversaciones telefónicas con otro agente, Julio M. B., el entonces concejal de Seguridad, Pedro Valero, y el intendente jefe del cuerpo, Alejandro Morer Bielsa, para modificar el atestado a fin de justificar las lesiones que presentaba Luis Carlos con una falsa resistencia a su detención.

Todos ellos, también el edil aunque en otra área, siguen desempeñando sus funciones en el Consistorio, pese a que en unos meses se sentarán en el banquillo de los acusados. Y todo por una casualidad, ya que las conversaciones telefónicas que los incriminan fueron grabadas por la Guardia Civil cuando investigaba al inspector Manuel Antonio L. V. por el destino de un alijo de droga.

El fiscal pide un año de cárcel para el edil, Alejandro Morer y su hermano Julio, y ocho años, la máxima del grupo, para Carlos María I. F. La acusación popular, sin embargo, cree que el trío antes citado, incluido Valero, y Manuel Antonio L. V., también cometieron torturas por omisión y pide para ellos de cuatro a siete años y medio de prisión.

Diario Las Provincias