La prisión de Sangonera va camino de convertirse en visita obligada para los municipes de la Región de Murcia. Tras Totana y Torre Pacheco, Librilla ha tenido el honor de ingresar en el ya no tan selecto club de pueblos con alcalde entre rejas. La cuestión es cuántos cargos públicos tendrán que sufrir el hacinamiento penitenciario para que sus camaradas de oficio se decidan a construir más y mejores presidios por si algún día les toca.
España es el país de la UE con más personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. En algo teníamos que ganar. Pero tal liderazgo no se debe a la herencia cultural del pícaro hispano, ni a la afluencia masiva de inmigrantes en los últimos años. No. En nuestro país la tasa de delitos es inferior a la de nuestros vecinos de la Unión con menos reos. La culpa la tienen los sucesivos endurecimientos del Código Penal (desde 2003 se ha modificado tantas veces como hasta esa fecha desde la Transición).
Dejando de un lado lo disfuncional de una sociedad que tiene a tanta fuerza productiva en barbecho, es especialmente escandaloso que el auge encarcelador no haya venido acompañado de una proporcional construcción de instalaciones penitenciarias.
Dos motivos hay para ello. El primero el que los presos no voten y sus familiares no hayan sabido constituir un lobby de presión -salvo los etarras. Y el fundamental para una clase política a merced del impacto mediático, el que no haya habido motines de relevancia ni sucesos que lamentar en cárceles cuyos inquilinos duplican o incluso triplican la capacidad acogedora del centro.
Es pues primordial abordar con urgencia el problema del hacinamiento penitenciario. Y hay que erradicar todos los clichés existentes contra las cárceles en el ideario progresista para demandar a los partidos que incluyan como promesa electoral la solución a esta situación. Los reos no votan pero los que gozamos de libertad no podemos ser tan insolidarios.
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